El plenario reúne a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, y la reunión estaba prevista para las 15.30. Entre los invitados propuestos por la oposición figuraba Jerónimo Guerrero Iraola, del CECIM, junto a Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas, y Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS. El texto lleva también las firmas de Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de la entidad, y de la abogada Laurentina Alonso.

“Nuestra preocupación es que la fuerza de la causa Malvinas esté siendo utilizada para hacer pasar una transformación del poder estatal que requiere una discusión propia”, señala el documento. Los excombatientes retoman el término “galtierazo”, con el que ya habían definido el giro del presidente Javier Milei sobre Malvinas, y afirman que “la bandera argentina no puede funcionar como un salvoconducto para concentrar poder represivo”.

Los artículos en discusión

El CECIM centra sus objeciones en varios artículos. Según su lectura, los artículos 41 a 49 crean un sistema amplio bajo conducción presidencial; los 87 a 100 le otorgan al nuevo Consejo de Seguridad Nacional facultades para investigar, sancionar y disponer restricciones económicas urgentes; y los 102 a 104 extienden la defensa a amenazas externas “no cinéticas” y a la protección de infraestructuras críticas. La organización señala además que el proyecto deja sin efecto el artículo 4 de la Ley de Defensa, que separa la defensa nacional de la seguridad interior.

Sobre el artículo 111, que incorpora el artículo 225 bis al Código Penal con penas de cinco a doce años de prisión para quien, por cuenta de un actor extranjero, busque manipular la opinión pública mediante campañas de “desinformación masiva”, el documento advierte que ese concepto no está definido. Para el CECIM, esa indeterminación “puede generar autocensura” y habilitar la persecución del periodismo, la investigación o la actividad política. También cuestiona el artículo 114, que permite incluir personas en el registro vinculado al terrorismo (RePET) por “motivos razonables para sospechar”, sin acción penal previa, y el 116, que fija penas de cinco a quince años por apoyo material.

La entidad recuerda además que el Estado ya cuenta con herramientas: la Ley 26.659 de 2011, conocida como Ley Pino Solanas, y su reforma de 2013; la Ley 26.386 de 2008 en materia pesquera; y el Decreto 256/2010 sobre tránsito hacia las islas. “El Ejecutivo debe explicar qué hizo con estas herramientas”, plantea. También reclama que la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, creada por la ONU en 1986, ocupe un lugar central, y objeta que el proyecto no la mencione.

Qué propone el Gobierno

La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre, tras el anuncio de Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, en medio de la reacción oficial frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno sostiene que busca reforzar las herramientas del Estado para defender la soberanía y coordinar Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen que abarque el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables, y autoriza, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, además de prohibir aportes de extranjeros sin residencia permanente a partidos y campañas. Por ahora se trata de un proyecto, no de un régimen vigente.

La reunión del martes fue la segunda jornada informativa: la primera había terminado de manera abrupta tras un cruce entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza. Entre los expositores figuraban también el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

La exposición coincidió con otra actividad del CECIM ese mismo día: la organización había convocado, junto a las dos CTA, a movilizarse a las 15 en Plaza Lavalle para repudiar el fallo de la Corte Suprema que le quitó legitimación para litigar contra la derogación de la Ley de Tierras.

En su petitorio final, el CECIM reclama políticas regionales con Brasil, Uruguay y Chile, cuestiona la continuidad del acuerdo Mondino-Lammy y lo compara con el acuerdo Foradori-Duncan firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. El documento cierra con la consigna histórica de la organización: “Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina”.