Por Redacción 1894RadioOnline

Hay una escena que se repite en Villa Elisa desde hace años y que corre serio riesgo de desaparecer: alguien entra a Libros Villa Elisa buscando un título puntual y sale con ese libro y con otro que no sabía que necesitaba, porque quien atiende el mostrador lo conoce, conoce sus lecturas anteriores y le tira una recomendación certera. Detrás de ese mostrador está Sandra Martínez, que sostiene la librería con fuerte compromiso solidario, con una agenda cultural constante y que, durante la pandemia, organizó la distribución de libros a domicilio para que ningún lector del barrio se quedara sin lecturas. Esa escena —mínima, cotidiana, casi invisible— es la que está en juego en el debate que esta semana volvió a instalarse en el Senado nacional.

El Gobierno reflotó un proyecto que busca derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542) y modificar la Ley de Fomento del Libro y la Lectura. La iniciativa había asomado en enero de 2024 dentro de la Ley Ómnibus y ahora reaparece, esta vez elaborada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con una batería de derogaciones que también alcanza a normas vinculadas a la industria del doblaje y a la exigencia de traducciones al castellano de ciertas publicaciones.

Qué protege exactamente esta ley

La norma que el oficialismo quiere eliminar establece algo simple: todos los libros valen lo mismo en todas las librerías del país, sin importar si se compran en una cadena, un supermercado o un local de barrio. Ese precio uniforme —explicado en detalle por libreros consultados en distintos medios— nació en 2001 como respuesta directa a una época en la que las grandes superficies empezaron a usar los best sellers como gancho comercial, ofreciéndolos con descuentos que las librerías independientes jamás podrían igualar.

Argentina no inventó nada: sigue el modelo de países como Francia, España y Alemania, que desde hace décadas protegen a sus librerías pequeñas con leyes de precio fijo. El caso inglés, sin esa protección, suele citarse como el escenario que se busca evitar: allí el cierre masivo de librerías independientes fue la consecuencia de dejar el precio del libro librado pura y exclusivamente a la competencia de las grandes cadenas.

La reacción del sector, de punta a punta del país

El rechazo no quedó en un comunicado aislado. Esta semana, referentes de distintas cámaras del libro se reunieron para diseñar una campaña conjunta que explique de qué se trata la ley y por qué se sancionó, según relató el secretario de la Cámara Argentina del Libro, que agrupa a más de quinientas editoriales, librerías y distribuidoras en todo el país.

Desde el sector remarcan que la unificación de precios no es un privilegio corporativo: es lo que permite que coexistan librerías chicas y grandes cadenas sin que las primeras queden aplastadas, y que en un mismo pueblo pueda haber más de una librería ofreciendo catálogos distintos. También insisten en un dato que suele pasarse por alto en el debate: estas leyes no le cuestan un peso al Estado ni comprometen el presupuesto nacional. No hay subsidio de por medio, solo una regla de juego pareja.

El reclamo tampoco es exclusivo de las grandes ciudades editoriales. Librerías independientes de La Plata —la región donde late Villa Elisa— ya se sumaron a la cruzada nacional contra la derogación, advirtiendo en redes que sin esta protección las cadenas y los hipermercados podrían usar los libros como producto de reventa a pérdida, una jugada que a simple vista parece un beneficio para el lector pero que termina siendo una trampa: los pequeños comercios no tienen margen para sostener esa guerra de precios y terminan cerrando.

Voces del arco político también se sumaron al cuestionamiento, marcando que la concentración del mercado editorial no beneficia a la lectura sino a unos pocos actores con capacidad de imponer condiciones. Del otro lado, quienes impulsan la derogación argumentan que el sector librero no debería tener un tratamiento diferencial frente a otras actividades económicas y que la regulación limita la libre competencia. Es la tensión de fondo de todo el debate: ¿se puede tratar al libro como una mercancía más, sujeta pura y exclusivamente a la oferta y la demanda, o es un bien cultural que necesita reglas propias para sobrevivir fuera de los grandes centros urbanos?

Lo que se pierde cuando cierra una librería de barrio

La respuesta más contundente a esa pregunta la dan quienes trabajan todos los días detrás del mostrador. En muchas localidades del país hay una sola librería. Si esa librería cierra, no solo desaparece un comercio: desaparece un espacio de acceso a los libros, de recomendación personalizada, de promoción de la lectura, y muchas veces el único lugar donde autores y editoriales autogestionadas o independientes logran un espacio de visibilidad que jamás conseguirían en la vidriera de una gran cadena.

Esa es exactamente la función que cumple Libros Villa Elisa en nuestra comunidad. No es solo un punto de venta: es un espacio de encuentro y un sostén de las actividades culturales del barrio, que incluso abrió sus puertas para alojar a una radio web, 1894RadioOnline, y se convirtió en aliado directo de proyectos como el ciclo de talleres de comunicación oral que organizamos junto a la emisora digital. Ahí, entre estanterías que no responden a la lógica del best seller sino a la curaduría de quien las arma, circulan autores locales, sellos chicos y libros que en una gran superficie jamás encontrarían un lugar.

Cada comienzo de año, Sandra se convierte en la solución de cientos de familias de Villa Elisa cuando llega la hora de conseguir los libros de la escuena primaria y secundaria: esa tarea que en una gran superficie es apenas una transacción, en Libros Villa Elisa es un servicio pensado a medida de cada estudiante y cada escuela. Pero la librería va mucho más allá de la lista escolar. Organiza presentaciones de libros que ponen a autores locales y nacionales a conversar cara a cara con sus lectores, arma proyecciones de films seguidas de debates sobre la actualidad política, y sostiene una agenda cultural que convierte al local en un verdadero espacio de encuentro y de solidaridad barrial. A eso se suma un compromiso que no es menor: el de mantener viva la lucha por los derechos humanos, acompañando activamente los reclamos de memoria, verdad y justicia que atraviesan la historia reciente del país. Todo eso —listas escolares, presentaciones, cine debate, memoria y derechos humanos— es lo que se apaga cada vez que una librería de barrio baja la persiana.

Derogar la Ley del Libro no es una medida técnica ni un simple ajuste normativo: es sacarle el piso a librerías como la nuestra para que compitan, en desigualdad de condiciones, contra estructuras que pueden vender por debajo del costo el tiempo que haga falta hasta liquidar a la competencia. Y cuando eso pase —porque en Inglaterra ya pasó— lo que se pierde no se recupera fácil: ni el trato cercano, ni la curaduría, ni la posibilidad de que un pueblo, un barrio, una ciudad chica, tenga su propia puerta de entrada a los libros.

Defender la Ley del Libro, hoy, es defender que Villa Elisa siga teniendo su librería.