La convocatoria corresponde a la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) y a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). El principal pedido es una recomposición salarial del 33,4%, cifra que las organizaciones asocian a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023. A esto se suman la exigencia de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de la paritaria y más fondos para las universidades, la ciencia y la tecnología.

El conflicto escaló luego de que los sindicatos rechazaran una oferta oficial de aumento del 3%, que consideraron insuficiente frente al deterioro de los salarios.

El reclamo tiene también un frente judicial. El juez federal Martín Cormick fijó un plazo para que el Poder Ejecutivo cumpla con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, con la posibilidad de aplicar multas si no lo hace. Desde ADULP advirtieron que solo levantarán la medida si el Gobierno otorga la recomposición salarial y acata la resolución de la Justicia.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, sostuvo que hasta ahora ningún funcionario se comunicó con los gremios y que no esperan una respuesta oficial.

El plan de lucha continuará en las próximas semanas: los trabajadores nodocentes de la UNLP pararán el 7 de octubre, y para el 15 de octubre está convocada la quinta Marcha Federal Universitaria en defensa del financiamiento de las casas de estudio.