La nueva normativa establece que las emergencias deberán ser atendidas sin trámites ni pagos previos, independientemente de la situación migratoria del paciente. En cambio, las consultas, estudios e intervenciones programadas estarán sujetas a la acreditación de residencia, la presentación de un seguro médico válido o el pago correspondiente.

Los residentes permanentes mantendrán el acceso al sistema de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos. Para acreditar esa condición deberán presentar el DNI vigente o, en determinadas circunstancias, documentación que certifique que la residencia se encuentra en trámite.

En el caso de los extranjeros no residentes que no cuenten con cobertura, los hospitales deberán calcular el costo de la prestación de acuerdo con su nomenclador y exigir el pago antes de realizar una práctica programada. Si el paciente posee un seguro, el establecimiento deberá gestionar el cobro ante la compañía correspondiente.

¿Cómo impacta en Villa Elisa?

La medida tiene relevancia para Villa Elisa y toda la zona norte de La Plata, donde existe un intenso movimiento de vecinos hacia los hospitales y centros de salud públicos de la región. Sin embargo, es importante aclarar que la disposición difundida alcanza específicamente a los establecimientos dependientes del Estado nacional, por lo que no significa automáticamente que todos los hospitales públicos bonaerenses o municipales de La Plata comiencen a cobrar estas prestaciones.

En ese sentido, para los vecinos de Villa Elisa que utilizan el sistema público de salud, el punto central será distinguir entre residentes permanentes y extranjeros no residentes, además de diferenciar las atenciones de urgencia, que continuarán siendo obligatorias y gratuitas al momento de la emergencia, de las prestaciones programadas que podrán ser cobradas.

La resolución también establece mecanismos para que los hospitales controlen la situación migratoria, la cobertura de los pacientes y la recuperación de los costos de las prestaciones realizadas.

Después de más de dos décadas de trabajo, el establecimiento asegura haber llegado a un límite financiero tras sostener durante meses las prestaciones con recursos propios para evitar que los concurrentes y sus familias se vieran perjudicados.

Meses de pagos pendientes

Según informaron desde la institución, la obra social bonaerense aún adeuda el pago correspondiente a abril de 2026, diferencias arancelarias de enero, febrero y marzo de este año y prestaciones que permanecen impagas desde 2025.

Las autoridades explicaron que durante julio mantuvieron reuniones con representantes de IOMA y aceptaron distintas propuestas de pago con la expectativa de evitar el conflicto. Sin embargo, sostienen que ninguno de esos compromisos se concretó.

«Ninguna institución puede continuar funcionando indefinidamente cuando los pagos comprometidos no llegan y las deudas se acumulan», expresaron desde el centro.

Un servicio esencial para 90 familias

Mientras la deuda crecía, Cántaros decidió continuar brindando atención para no interrumpir los tratamientos de sus concurrentes.

El esfuerzo económico permitió sostener durante meses los traslados y las prestaciones, pero las autoridades afirman que esa situación ya resulta insostenible.

Si no hay una respuesta inmediata, el centro suspenderá su actividad y decenas de familias deberán afrontar la interrupción de un servicio fundamental para la atención y el acompañamiento diario de personas con discapacidad.

Convocan a acompañar el reclamo

Frente a la falta de respuestas, el Centro de Día Cántaros convocó a la comunidad a acompañar las acciones que se desarrollarán frente a las oficinas de IOMA para exigir el pago de la deuda.

El conflicto vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que atraviesan numerosos prestadores de discapacidad en la provincia de Buenos Aires, afectados por demoras en los pagos y diferencias arancelarias que comprometen la continuidad de los servicios.