Diez a?os de una prisi?n ileg?tima: Milagro Sala y el uso pol?tico de la justicia

Redacci?n | 1894Radio

El 16 de enero de 2016, en la provincia de Jujuy, fue detenida Milagro Sala, referente de la organizaci?n barrial T?pac Amaru. Diez a?os despu?s, su situaci?n contin?a siendo uno de los casos m?s graves y persistentes de criminalizaci?n de la protesta social y persecuci?n pol?tica en la Argentina democr?tica. Para 1894Radio, no se trata de una detenci?n m?s: se trata de una prisi?n ileg?tima, se?alada como arbitraria por organismos internacionales y sostenida en el tiempo mediante un entramado judicial y pol?tico.

El origen: protesta social y decisi?n pol?tica

Milagro Sala fue detenida mientras participaba de un acampe pac?fico frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en rechazo a una resoluci?n del gobernador Gerardo Morales que obligaba a las organizaciones sociales a reempadronarse bajo condiciones impuestas por el Ejecutivo provincial.

El arresto se produjo sin que existiera una condena previa, y dio inicio a una cadena de causas judiciales que, lejos de tramitarse de manera independiente, se fueron acumulando como mecanismo de retenci?n. Este punto fue central en los cuestionamientos internacionales posteriores.

La voz de los organismos internacionales

En octubre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detenci?n Arbitraria de la ONU (WGAD) concluy? que la detenci?n de Milagro Sala era arbitraria y violatoria de los est?ndares internacionales de derechos humanos. En su dictamen, el organismo sostuvo que la privaci?n de la libertad estaba vinculada al ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresi?n, y reclam? su liberaci?n inmediata.

En la misma l?nea, la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorg? en 2017 medidas cautelares, ordenando al Estado argentino sustituir la prisi?n preventiva por arresto domiciliario y garantizar su integridad f?sica y ps?quica. La CIDH advirti? que la multiplicaci?n de causas y la extensi?n de la detenci?n configuraban un escenario de hostigamiento judicial.

Desde Amnist?a Internacional, el se?alamiento fue a?n m?s directo. En distintos comunicados, el organismo afirm? que Sala fue detenida ?como represalia por su rol como dirigente social? y que el proceso en su contra evidenciaba ?un uso indebido del sistema penal para disciplinar la protesta?.

Por su parte, Human Rights Watch subray? que la detenci?n inicial se produjo tras una protesta pac?fica, algo incompatible con los est?ndares democr?ticos, y alert? sobre la falta de imparcialidad del Poder Judicial juje?o.

El entramado judicial: causas m?ltiples, un mismo objetivo

A lo largo de estos diez a?os, Milagro Sala fue imputada en m?s de una decena de causas, muchas de ellas iniciadas con posterioridad a su detenci?n. Para su defensa y para amplios sectores del campo de los derechos humanos, este mecanismo respondi? a una l?gica clara: aunque una causa cayera, otra deb?a sostener la privaci?n de la libertad.

Este funcionamiento fue definido como lawfare: el uso del aparato judicial como herramienta de persecuci?n pol?tica. La Corte Suprema de Justicia de la Naci?n dej? firmes algunas condenas, pero nunca se expidi? sobre el n?cleo del problema se?alado por los organismos internacionales: la ilegitimidad del encarcelamiento original y su continuidad como castigo pol?tico.

Salud, encierro y castigo

Durante estos diez a?os, la situaci?n de salud de Milagro Sala se deterior? de manera significativa. Diversos informes m?dicos y presentaciones judiciales dieron cuenta de cuadros de depresi?n, hipertensi?n, diabetes y secuelas psicol?gicas derivadas del encierro prolongado.

En distintas oportunidades, la dirigente fue trasladada a centros de salud, entre ellos el Hospital San Roque de Gonnet, bajo custodia policial. Para los organismos internacionales, estas condiciones reforzaron el car?cter inhumano y desproporcionado de la detenci?n.

Testimonios pol?ticos y sociales

Desde el campo pol?tico y social, las definiciones fueron contundentes. Estela de Carlotto afirm? en reiteradas oportunidades que el caso de Sala constituye ?una presa pol?tica en democracia?. En t?rminos similares se expresaron referentes sindicales, acad?micos y dirigentes de derechos humanos, que se?alaron que su encarcelamiento funcion? como mensaje disciplinador hacia las organizaciones populares.

En contraste, el gobernador Gerardo Morales sostuvo p?blicamente que ?en Jujuy no hay presos pol?ticos? y defendi? el accionar judicial como parte de una lucha contra la corrupci?n. Sin embargo, nunca respondi? de manera directa a los dict?menes de la ONU ni a las resoluciones de la CIDH, que siguen vigentes.

Diez a?os despu?s

A diez a?os de su detenci?n, el caso de Milagro Sala no puede leerse como una suma de expedientes judiciales aislados. Es un caso pol?tico, que expone las tensiones entre poder, justicia y protesta social en la Argentina reciente.

Para 1894Radio, la conclusi?n es clara: Milagro Sala fue detenida de manera ileg?tima, su encarcelamiento viol? est?ndares internacionales y su permanencia bajo r?gimen de privaci?n de la libertad constituye una responsabilidad del Estado argentino. No se trata de negar debates sobre pol?ticas p?blicas o administraci?n de recursos, sino de afirmar un principio democr?tico b?sico: la justicia no puede ser utilizada como herramienta de castigo pol?tico.