El Estatuto del Periodista, una garantía democrática en tiempos de ajuste

Opinión | Radio1894

En tiempos donde la palabra modernización se utiliza como coartada para justificar la eliminación de derechos, la discusión sobre el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) vuelve a colocarse en el centro del debate público. No se trata de una disputa gremial ni de un privilegio sectorial. Lo que está en juego es algo más profundo: la libertad de expresión real, la calidad democrática y el derecho de la sociedad a recibir información sin condicionamientos económicos ni disciplinamientos políticos.

El Estatuto no fue concebido como un beneficio corporativo, sino como una garantía institucional. Su razón de ser es clara: proteger una función social estratégica para cualquier democracia, la producción profesional de información de interés público. Sin estabilidad laboral, sin condiciones dignas de trabajo, sin resguardo frente al despido arbitrario, la libertad de prensa se vacía de contenido y se convierte en una consigna formal.

Periodismo o mercancía

El Estatuto establece una distinción clave que hoy muchos intentan borrar deliberadamente: el periodismo profesional remunerado no es propaganda ni militancia no paga. Esa diferenciación no censura ideas, sino que protege la función informativa frente a la precarización y la confusión interesada entre noticia y contenido ideológico.

Cuando el periodismo se reduce a “generación de contenidos”, la información deja de ser un bien público y pasa a responder a lógicas de mercado. El periodista deja de ser un constructor de realidad social para transformarse en un trabajador descartable, fácilmente reemplazable y, por lo tanto, fácilmente condicionable.

La censura económica existe

No toda censura es explícita. Hay una forma más eficaz y silenciosa: la censura económica. Un periodista que puede ser despedido sin causa, sin costo y sin protección legal es un periodista expuesto a la autocensura. No por cobardía, sino por supervivencia.

El régimen indemnizatorio agravado previsto en el Estatuto no es un exceso. Es una barrera disuasoria frente a la persecución ideológica y a las represalias editoriales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha ratificado con claridad: la protección diferencial no vulnera la igualdad ante la ley, sino que la garantiza en función de la especial responsabilidad social del periodismo.

Eliminar ese resguardo no moderniza el sistema de medios: lo debilita, y fortalece el poder económico sobre la palabra pública.

Identidad profesional y derecho a la información

La matrícula y el carnet profesional no son mecanismos restrictivos. Son herramientas de jerarquización, respaldo legal y protección del acceso a la información. En un escenario atravesado por la desinformación, las operaciones y la saturación de discursos, la acreditación profesional protege tanto al periodista como a la sociedad.

La reciente digitalización de credenciales demostró que la tecnología no exige desregulación. Por el contrario, puede fortalecer derechos existentes sin alterar el marco legal. El problema no es técnico: es político.

Derechos irrenunciables

El Estatuto es una ley de orden público. Sus derechos son irrenunciables. Frente a los intentos de disfrazar relaciones laborales bajo figuras como “colaboradores”, “freelancers permanentes” o “prestadores de servicios”, el derecho laboral es contundente: prima la realidad por sobre la forma. Cuando hay continuidad, subordinación y retribución, hay relación laboral, aunque se la intente ocultar.

Desmantelar este marco legal implicaría un retroceso en términos de derechos humanos y un golpe directo a la pluralidad de voces. No hay periodismo libre sin periodistas protegidos.

Una defensa democrática

La Ley 12.908 no es una reliquia del pasado. Es una herramienta vigente, necesaria y profundamente democrática. Defenderla no responde a una nostalgia corporativa, sino a una convicción política y social: sin periodismo profesional protegido no hay información libre; sin información libre no hay ciudadanía plena.

Defender el Estatuto del Periodista Profesional es, en definitiva, defender el derecho colectivo de la sociedad argentina a una verdad no sometida al miedo, al mercado ni al poder de turno.