Fallo histórico: los fusilamientos de 1956 fueron de lesa humanidad

La Justicia Federal de San Martín declaró como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados durante la madrugada del 10 de junio de 1956, y reconoció la responsabilidad del Estado argentino en la planificación y ejecución de esos crímenes. La decisión judicial constituye un hecho histórico, al producirse setenta años después de los acontecimientos que fueron reconstruidos por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en Operación Masacre.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad. El fallo concluyó que los hechos constituyeron cinco homicidios agravados y siete tentativas de homicidio agravado. Si bien los responsables ya fallecieron y no podían ser sometidos a un proceso penal, la magistrada sostuvo que, de haber estado con vida, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.

Los hechos ocurrieron en el contexto del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. La noche del 9 de junio de 1956, doce civiles fueron detenidos ilegalmente, trasladados a la Comisaría de San Martín y luego llevados a los basurales de José León Suárez, donde fueron fusilados clandestinamente por efectivos policiales. Cinco de ellos fueron asesinados: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brión y Vicente Rodríguez. Siete lograron sobrevivir, entre ellos Juan Carlos Livraga, cuyo testimonio resultó fundamental para que Rodolfo Walsh investigara y publicara Operación Masacre en 1957.

Además de reconocer la responsabilidad estatal, la sentencia dispuso una serie de medidas de reparación y memoria. Entre ellas, ordenó la rehabilitación del buen nombre y honor de las víctimas, la colocación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron las detenciones y los fusilamientos, la incorporación del caso a contenidos educativos y otras acciones destinadas a preservar la memoria histórica.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destacó que el fallo representa un resarcimiento histórico para las familias de las víctimas y un nuevo reconocimiento judicial sobre uno de los episodios más emblemáticos de la violencia estatal en la Argentina del siglo XX.