Fin de la cuenta sueldo gratuita: qué habilita la ley laboral de Milei y por qué genera preocupación

El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei vuelve a generar polémica por uno de sus puntos menos visibles pero de alto impacto cotidiano: la posibilidad de poner fin a la obligatoriedad de la cuenta sueldo gratuita, un derecho vigente desde hace más de una década para trabajadores en relación de dependencia.

La iniciativa, que será debatida en el Congreso, habilitaría a las entidades bancarias a cobrar comisiones por el mantenimiento de las cuentas donde se depositan salarios, lo que implicaría un nuevo costo mensual directo para millones de trabajadores y jubilados.

Hasta ahora, la normativa establecía que las cuentas sueldo debían ser gratuitas, sin cargos por apertura, mantenimiento ni extracciones básicas. Este esquema garantizaba el acceso al sistema bancario sin costos y funcionaba como una herramienta de inclusión financiera. La reforma propone eliminar esa obligación, bajo el argumento de “liberar” el sistema y permitir mayor competencia entre bancos.

Sin embargo, desde sectores sindicales, especialistas en economía y asociaciones de defensa del consumidor advierten que, en la práctica, la medida traslada un nuevo gasto al salario, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la inflación y el ajuste sobre ingresos fijos.

La eliminación de la cuenta sueldo gratuita también podría afectar de manera particular a trabajadores con ingresos bajos, empleos precarios o contratos temporales, para quienes el pago de comisiones bancarias representa un porcentaje significativo del ingreso mensual. A esto se suma la preocupación por los jubilados que cobran a través del sistema bancario y que podrían verse alcanzados por costos similares.

Desde una mirada más amplia, la medida se inscribe en un modelo de reforma que reduce la intervención del Estado como garante de derechos y prioriza la lógica del mercado incluso en áreas sensibles de la vida cotidiana. Para los críticos del proyecto, no se trata solo de una cuestión bancaria, sino de una redefinición del vínculo entre trabajo, salario y protección estatal.