Frenar a «León Marino»: la batalla judicial por Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una acción judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande para frenar un proyecto de explotación petrolera de gran escala que dos empresas extranjeras pretenden desarrollar en la plataforma continental argentina, en la zona de Malvinas, sin ningún tipo de autorización ni evaluación ambiental por parte del Estado argentino.

La causa, caratulada «CECIM La Plata y otro c/ Rockhopper Exploration y otro s/ civil y comercial – varios» y registrada bajo el expediente FCR 13706/2026, apunta contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, responsables del proyecto conocido como «León Marino», ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas.

Soberanía y ambiente, una misma causa

La particularidad de esta presentación es que propone lo que llaman «tutela ambiental soberana»: la idea de que sobre ese mismo espacio recaen dos bienes jurídicos colectivos e indivisibles, el ambiente y la soberanía nacional. Según sostienen, ambos daños derivan de una misma causa —una explotación hidrocarburífera que avanza sin intervención de las autoridades argentinas— y golpean por partida doble: al ecosistema marino y a la capacidad del país de decidir y controlar lo que ocurre en su propio territorio.

La demanda invoca además la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que exhorta a Argentina y al Reino Unido a no introducir modificaciones unilaterales mientras siga pendiente la disputa de soberanía. Instalar infraestructura petrolera permanente y explotar recursos naturales durante décadas, sostienen, es exactamente ese tipo de modificación unilateral que la resolución busca evitar.

Un «Vaca Muerta 2» con impacto ambiental irreversible

El proyecto «León Marino» contempla la perforación de 23 pozos —16 productores de petróleo, 6 de inyección de agua y uno de inyección de gas— articulados alrededor de una unidad flotante FPSO con capacidad para procesar 120.000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Según los cálculos incorporados a la demanda, el desarrollo generaría cerca de 9 millones de toneladas de CO₂, a las que se sumarían más de 100 millones de toneladas derivadas de la quema del petróleo extraído. La presentación también advierte sobre riesgos para mamíferos y aves marinas, el fondo oceánico y la posible introducción de especies invasoras, además del riesgo de derrames. Un dato geográfico agrava el escenario: la Corriente de Malvinas fluye predominantemente hacia el norte, por lo que un derrame de magnitud podría extender la contaminación mucho más allá del área del proyecto, alcanzando zonas productivas y sensibles del Mar Argentino.

Como se trata de una acción preventiva, los denunciantes remarcan que no hace falta esperar un derrame para actuar: alcanza con que exista un riesgo grave y probable de daño irreversible.

Qué le piden a la Justicia y por qué siguen el dinero

A la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, le solicitaron una medida cautelar de no innovar, sin escuchar previamente a la contraparte, que paralice perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de oleoductos y cualquier otro trabajo vinculado a «León Marino» y los pozos adyacentes.

La cautelar tiene además una segunda pata: el pedido apunta a cortar el financiamiento del proyecto, impidiendo nuevos contratos, desembolsos, pagos, transferencias y garantías destinadas a sostenerlo. También se pide notificar la eventual resolución judicial a organismos y mercados internacionales como la Financial Conduct Authority británica, la Bolsa de Londres, la Israel Securities Authority y la Bolsa de Tel Aviv, y exigir que las empresas identifiquen a quienes las financian o participan económicamente del proyecto.

La competencia del Juzgado Federal de Río Grande se sostiene en las leyes 23.775, 26.552 y 24.400, que integran a las Islas Malvinas y sus espacios marítimos a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ambas empresas cuentan con antecedentes de sanciones en Argentina: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por 20 años en 2013, pero conserva el 35% del proyecto. Navitas Petroleum, que controla el 65% restante, fue advertida formalmente por el Estado argentino y, al continuar operando, fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años en 2022.