
Redacción | 1894Radio
La decisión judicial de otorgar prisión domiciliaria al exmilitar Carlos Felipe Maisonnave —acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1977— desató una ola de indignación en la comunidad de Villa Elisa. Integrantes del colectivo Vecinos de Villa Elisa por Memoria, Verdad y Justicia manifestaron su más enérgico rechazo a la medida adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, que argumentó “razones humanitarias” vinculadas a la edad y el estado de salud del imputado.
Maisonnave está acusado por los homicidios agravados de Griselda Betelú y Raúl Alonso, militantes secuestrados y asesinados durante la última dictadura cívico-militar. Sus nombres forman parte de una larga lista de víctimas recordadas por el pueblo, entre ellas, las que están representadas en el mural instalado hace años en Villa Elisa, realizado por el colectivo para honrar a todos los militantes detenidos-desaparecidos de la región.
“Nuestro compromiso es con la justicia y la memoria. No puede haber beneficios para quienes cometieron genocidio. Esta decisión es un retroceso y una falta de respeto a las víctimas y sus familias”, señalaron desde Vecinos de Villa Elisa por Memoria, Verdad y Justicia.
Una medida cuestionada por los organismos de derechos humanos
La resolución judicial se suma a una tendencia creciente de otorgamiento de prisiones domiciliarias a represores, lo que ha generado fuertes críticas desde los principales organismos de derechos humanos del país. Tanto Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, han denunciado esta práctica como una forma de «impunidad biológica», que premia el paso del tiempo en lugar de garantizar justicia.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (2024) y de informes periodísticos recientes (2025), entre el 76 % y el 81 % de los condenados por delitos de lesa humanidad cumplen sus penas en prisión domiciliaria, mientras que sólo entre un 10 % y un 15 % permanece en cárceles comunes. Este escenario es considerado alarmante por los organismos, que insisten en que “la avanzada edad no borra la responsabilidad penal”.
Además, las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que los delitos de lesa humanidad no deben ser objeto de indulgencias, conmutaciones o beneficios de reducción de penas, ya que el Estado argentino asumió compromisos internacionales en esa materia.
Villa Elisa: memoria activa y resistencia popular
En Villa Elisa, la indignación no es solo simbólica. El colectivo Vecinos por Memoria, Verdad y Justicia llevó adelante en los últimos años múltiples iniciativas para recuperar y sostener la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Una de sus acciones más representativas fue la realización de un mural que homenajea a todas y todos los militantes desaparecidos de la localidad, instalado como expresión colectiva de memoria, verdad y justicia.
“No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Esta lucha es nuestra y no va a parar”, expresaron en un comunicado difundido este jueves.
La prisión domiciliaria de Maisonnave fue vista como un agravio directo al trabajo sostenido por la comunidad en pos de una memoria activa. Lejos de tratarse de un caso aislado, esta medida pone en evidencia una tendencia regresiva del poder judicial, que bajo el amparo de razones médicas, permite que los responsables del terrorismo de Estado eludan la cárcel común.
La decisión judicial pone en tensión los principios fundamentales de la justicia transicional en Argentina. Para los organismos y colectivos como el de Villa Elisa, las prisiones domiciliarias para genocidas no representan clemencia, sino impunidad. Mientras existan represores sin cumplir efectivamente sus condenas, la herida de la dictadura no cerrará.