La Corte Suprema ratificó la cautelar por el financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La decisión mantiene vigente, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la actualización de los salarios de docentes y nodocentes de las universidades públicas y la recomposición de programas destinados a los estudiantes.

La decisión del máximo tribunal

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso presentado por el Poder Ejecutivo no podía ser tratado porque no existía una sentencia definitiva sobre la causa. De este modo, la Corte dejó vigente la cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordena el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley.

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales, que cuestionaron el decreto mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la definición de fuentes específicas de financiamiento. La medida cautelar alcanza la actualización salarial del personal docente y nodocente desde diciembre de 2023 y la recomposición de programas estudiantiles, aunque no abarca la totalidad de las partidas presupuestarias previstas en la norma.

La resolución representa un nuevo respaldo judicial a la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el expediente continuará su trámite hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la ley. Días atrás, el Gobierno y las universidades habían alcanzado un acuerdo para recomponer salarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a hospitales un