La Provincia sancionó la Ley Ema contra la violencia digital escolar

La provincia de Buenos Aires tiene una nueva herramienta contra la violencia digital en las escuelas. La Legislatura bonaerense sancionó el martes 20 de octubre la Ley Ema, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. La norma crea un programa para prevenir, detectar y abordar estas situaciones en escuelas públicas y privadas de todo el territorio provincial, incluidas las de La Plata y Villa Elisa.
La columnista de género de Encuentro en la Rambla, Luján Rulli, dedicó su espacio en 1894RadioOnline a explicar el contenido de la ley y el contexto que la hizo necesaria. “Aunque la foto fuese falsa, el daño que realiza es real”, señaló.
Qué establece la norma
La ley crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Define la violencia digital como las conductas que, mediante tecnologías, pueden provocar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.
Además, modifica la Ley Provincial de Educación N° 13.688 para incorporar contenidos de ciudadanía digital. La Dirección General de Cultura y Educación deberá sumar contenidos sobre consentimiento, privacidad, intimidad, derechos digitales y prevención de violencias virtuales en todos los niveles. También deberá desarrollar capacitaciones y campañas sobre ciberacoso, grooming, difusión no consentida de imágenes, inteligencia artificial y protección de datos personales.
La aplicación se organiza en cuatro ejes:
- contenidos curriculares obligatorios sobre ciudadanía digital y riesgos en red;
- capacitación continua para docentes;
- protocolos específicos de actuación ante conflictos digitales;
- participación juvenil, con talleres y charlas junto a los centros de estudiantes.
La norma prioriza el acompañamiento psicológico y las medidas reparatorias, con perspectiva de derechos humanos, de género y de niñez y adolescencia. Abarca la difusión no consentida de fotos o videos íntimos, sean reales o generados con inteligencia artificial. También incluye el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, el control virtual, los discursos de odio y la distribución de material de abuso sexual infantil.
Una ley con nombre propio
La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que murió en agosto de 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, impulsó el reclamo para que el caso se tradujera en herramientas de prevención y acompañamiento dentro de las escuelas.
El texto unificó dos proyectos, de las legisladoras Laura Clark, del Senado, y Mayra Mendoza, de Diputados. El Senado lo aprobó a comienzos de octubre y luego volvió a Diputados para la sanción definitiva. También participó la senadora Mónica Macha. En 2025 se había elaborado la Guía EMA, destinada a escuelas y espacios comunitarios.
La sanción llegó mientras se investiga un caso en una escuela secundaria de Lomas de Zamora. Allí, adolescentes quedaron bajo investigación por la presunta creación y difusión de imágenes de compañeras manipuladas con inteligencia artificial. Hubo situaciones similares en escuelas de CABA, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. En la misma sesión, Diputados también sancionó la regulación del uso de celulares en escuelas primarias y secundarias.
En su análisis, Rulli vinculó estas prácticas con el tiempo excesivo frente a las pantallas, el acceso temprano a la pornografía y la presión del grupo de pares en la adolescencia. Recomendó a las familias que, si la víctima es su hija, le crean, no la culpabilicen, no reenvíen ni borren las imágenes, denuncien y busquen ayuda. Si quien produjo la imagen es su hijo, aconsejó acompañarlo sin encubrirlo y pedir ayuda profesional.
La columnista también recordó un cambio en el marco penal. Desde el 5 de septiembre rige en todo el país el nuevo régimen penal juvenil, que permite responsabilizar penalmente a adolescentes por delitos cometidos a partir de los 14 años.
Rulli dio la bienvenida a la norma. Planteó que su implementación requerirá herramientas y acompañamiento reales para docentes y familias. Como todavía no hay leyes similares en otras jurisdicciones, consideró que la bonaerense podría servir de modelo.
