Por tercer día consecutivo, en las inmediaciones del Congreso las fuerzas de seguridad reprimieron y detuvieron a ciudadanos y periodistas. Hubo heridos y hay preocupación por la violación del derecho fundamental a la protesta y manifestación.
En un escenario cargado de tensión, las fuerzas policiales utilizaron granadas de gas lacrimógeno, gas pimienta y bastonazos para dispersar a los manifestantes que expresaban su descontento con la denominada Ley Bases propuesta por el Gobierno.
Este accionar agresivo llevó a la detención de al menos seis personas, incluyendo a dos reporteros gráficos, Pablo Sabando Alberto y Sergio Luciano Rivotta, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Judiciales.
El protocolo antipiquetes implementado por las autoridades para mantener el tránsito libre durante las protestas se tradujo en una avanzada de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, utilizando carros hidrantes y motos para rodearlos y dispersarlos. Incluso, se informó de casos en los que agentes arrojaron gas pimienta a un grupo de jubilados que participaban pacíficamente en la manifestación.
La Plaza Congreso, epicentro de la resistencia de los manifestantes, se convirtió en el escenario de una represión que, según críticos y observadores, viola el derecho constitucional a la protesta y a expresar libremente las opiniones.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente el accionar de las fuerzas de seguridad, pero su postura generó aún más preocupación entre quienes defienden los derechos civiles y la libertad de expresión.
El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la detención de reporteros gráficos y la represión de manifestantes han desatado críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Organizaciones de derechos humanos y defensores de las libertades civiles han señalado que este accionar compromete seriamente la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.
En este contexto, se hace urgente una reflexión sobre la necesidad de garantizar el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia, asegurando que las manifestaciones puedan expresarse de manera pacífica sin el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.
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